El derecho a la Justicia no comprende sólo el acceso a los medios arbitrados por el estado para la solución de conflictos, sino que además éstos respondan a parámetros de calidad.
El respeto de las instancias públicas a los derechos humanos depende de la generación de procedimientos adecuados y de la capacitación de sus responsables en Derechos Humanos.
Esta línea ha generado dos documentos de Recomendaciones: Recomendación Relativa a la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Víctimas de los Delitos en el Marco del Proceso y Recomendación Relativa a la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Menores de Edad en el Marco del Proceso Penal.
Las recomendaciones se basan en las conclusiones extraídas del documento “Una Justicia que protege a los más débiles”, presentado al Grupo de Trabajo en febrero de 2010.
La finalidad de ambos proyectos de resolución es el reconocimiento de los Estados de una serie de derechos que asisten a la víctima y a los menores en el marco del proceso; un compromiso por establecer políticas horizontales que favorezcan la protección y garantía de esos derechos; la encomienda a la SG de la COMJIB de apoyar y elaborar protocolos de implementación y códigos de conducta, así como la elaboración de indicadores de seguimiento de estos compromisos.